Los afiliados del PAMI en Misiones atraviesan una de las etapas más complejas de los últimos años. La reducción de coberturas, las restricciones para acceder a medicamentos gratuitos, las demoras en prestaciones y la creciente burocracia para obtener beneficios sanitarios colocaron a miles de jubilados y pensionados en una situación de vulnerabilidad que organizaciones de adultos mayores califican como una verdadera emergencia social.
Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, el Gobierno nacional puso en marcha una política de ajuste sobre distintos organismos públicos bajo el argumento de alcanzar el equilibrio fiscal. Entre ellos quedó alcanzado el PAMI, la obra social más grande de América Latina, que brinda cobertura a millones de jubilados en todo el país. Diversas modificaciones implementadas desde 2024 restringieron el acceso a medicamentos con cobertura total y endurecieron los requisitos para acceder a subsidios sociales.
En Misiones, el impacto es especialmente sensible. Distintas estimaciones señalan que alrededor de 120 mil afiliados podrían verse afectados por los cambios en el vademécum y la reducción de medicamentos con cobertura del 100%. Entre los fármacos excluidos aparecen tratamientos de uso frecuente para adultos mayores, obligando a muchos jubilados a destinar una parte cada vez mayor de sus haberes a la compra de remedios.
La situación se agravó cuando el Gobierno nacional reemplazó el esquema de medicamentos gratuitos por un sistema más restrictivo de subsidios sociales. Los afiliados deben demostrar determinadas condiciones patrimoniales y económicas para acceder al beneficio, además de realizar trámites que muchas veces resultan complejos para personas de edad avanzada.
El malestar crece entre jubilados y organizaciones sociales. Reclaman que los cambios dejaron afuera a miles de personas que, aunque superan por poco los límites establecidos por el organismo, igualmente no pueden afrontar los costos de los tratamientos médicos. Las quejas también apuntan a demoras en turnos, dificultades para conseguir prestaciones y una reducción general de la capacidad de respuesta del sistema.
La preocupación llegó incluso a los tribunales. En Misiones ya se impulsaron acciones judiciales y amparos colectivos para exigir la restitución de la cobertura plena de medicamentos, argumentando que las resoluciones nacionales vulneran el derecho a la salud y afectan especialmente a personas con enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes.
Mientras la Casa Rosada sostiene que las medidas buscan garantizar la sustentabilidad financiera del sistema y focalizar los recursos en quienes más lo necesitan, desde sectores de jubilados denuncian que el ajuste termina trasladando el costo directamente a los bolsillos de quienes menos margen económico tienen.
En una provincia donde miles de adultos mayores dependen exclusivamente de una jubilación mínima, el debate dejó de ser contable para convertirse en una cuestión humana. Detrás de cada recorte hay una decisión que impacta sobre tratamientos, controles médicos y calidad de vida. Y para muchos jubilados misioneros, la motosierra del ajuste ya no es una consigna política: es una realidad que se siente cada vez que llegan a la farmacia y descubren que el medicamento que antes recibían gratuitamente ahora deben pagarlo de su propio bolsillo.
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