La política de ajuste impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei ya muestra consecuencias concretas en Misiones: personas con discapacidad, familias, profesionales e instituciones atraviesan una profunda crisis marcada por pagos frenados, prestaciones demoradas y tratamientos amenazados.
En la provincia, entre 1.600 y 2.000 personas con discapacidad quedaron afectadas por retrasos, interrupciones o riesgo de suspensión de servicios esenciales vinculados al sistema de cobertura nacional, principalmente a través del programa Incluir Salud.
Detrás de las cifras aparecen historias de pacientes que dependen diariamente de rehabilitación, transporte adaptado, acompañamiento terapéutico, atención psicológica, kinesiología y múltiples apoyos indispensables para su calidad de vida.
La situación se agravó por las demoras del Gobierno nacional en la transferencia de fondos destinados a prestaciones de discapacidad. Según denuncias realizadas desde Misiones, nueve centros especializados quedaron comprometidos financieramente por una deuda acumulada que supera los 2.500 millones de pesos, producto de meses sin pagos y de aranceles congelados frente a una inflación persistente.
El impacto del ajuste no solamente alcanza a quienes reciben atención. También pone en jaque a todo el entramado institucional que sostiene el sistema. Se estima que entre 600 y 800 puestos laborales vinculados al área podrían verse afectados si continúan los atrasos nacionales, comprometiendo el trabajo de profesionales, transportistas, asistentes y equipos interdisciplinarios.
Desde distintos sectores denuncian que mientras la administración libertaria habla de equilibrio fiscal y motosierra, en la práctica el ajuste termina cayendo sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Las protestas comenzaron a multiplicarse en distintos puntos del país y también en Misiones, donde prestadores y familias alertaron que algunas instituciones dejaron de cobrar desde finales de 2025, obligándolas a sostener servicios con recursos propios, endeudamiento o reducciones operativas.
El conflicto escaló al plano político e institucional. El gobernador Hugo Passalacqua reclamó formalmente a Nación la regularización de los pagos y exigió respuestas por el deterioro del sistema. Paralelamente, la provincia avanzó judicialmente frente a medidas nacionales vinculadas a pensiones y auditorías, argumentando afectación de derechos de beneficiarios misioneros.
Desde organizaciones del sector sostienen que las auditorías y revisiones impulsadas por Nación no pueden transformarse en excusa para paralizar prestaciones ni desfinanciar un sistema que atiende necesidades permanentes y complejas.
“Cuando el ajuste llega a discapacidad, no se recorta un privilegio: se recorta terapia, movilidad, medicación, inclusión y dignidad”, resumen referentes del área.
Mientras la Casa Rosada profundiza su política de reducción del gasto público, en Misiones crece la preocupación por el futuro de miles de personas que hoy viven bajo incertidumbre, preguntándose si podrán continuar con tratamientos esenciales o si quedarán, una vez más, libradas a la espera burocrática del Estado nacional.
Agencia Guacurarí
